Ante una ruptura matrimonial, especialmente si hay menores involucrados, la mejor opción suele pasar por evitar los Tribunales. Es aquí donde cobra importancia la mediación en procedimientos de divorcio.
Alcanzar un acuerdo es una solución amistosa y además más rápida y económica. Una mediación familiar, por ejemplo, alivia la carga de los tribunales, acorta los procesos y alcanza soluciones más duraderas que aquellas que fueron resueltas por un juez.
Hasta la fecha, la mediación familiar es un proceso voluntario. Es decir, las partes en conflicto serán las que soliciten el proceso de mediación. De hecho, la propia naturaleza de la mediación familiar hace desaconsejable que el legislador la plantee como obligatoria.
Así, la ley 5/2012 del 6 de julio establece que la mediación es voluntaria. Nadie puede sentirse obligado a permanecer en ella, o a concluir todo el proceso.
Pese a ello, el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, aprobado por el Ministerio de Justicia en 2019, prevé sustituir la mediación voluntaria por la mediación obligatoria. En la práctica esto significaría que, en caso de divorcio, los cónyuges tendrían que someterse obligatoriamente a un proceso de mediación antes de acudir a los Tribunales.
En los procesos de mediación, el mediador es un orientador objetivo e imparcial. Escucha a las partes, recaba y analiza la información necesaria y ofrece su ayuda para que la pareja pueda alcanzar acuerdos.Si la mediación concluye con éxito, el mediador redactará un documento con los acuerdos que hayan sido adoptados y se adjuntará a la demanda de divorcio de mutuo acuerdo. El juez examinará el documento y, de aprobarlo, dictará sentencia.
El proceso de mediación familiar es absolutamente voluntario y ninguno de los cónyuges está obligado a permanecer en él.
Durante el proceso de mediación en procedimientos de divorcio, los cónyuges intervienen con igualdad de oportunidades.
El mediador es aquella persona que asume la responsabilidad de alcanzar un diálogo constructivo y un clima de confianza entre las partes. Así, son las partes quienes finalmente proponen una solución.
El mediador no podrá, en ningún caso, actuar a favor o en contra de ninguno de los cónyuges, ya que tiene la obligación de ser neutral e imparcial.
Todo el procedimiento de la mediación familiar es confidencial. El mediador está protegido por el secreto profesional y no puede ser obligado a declarar en un proceso judicial o en un arbitraje, sobre la información obtenida en la mediación.
Solo pueden darse dos excepciones:
